La Convención sobre Municiones en Racimo es un instrumento legal impulsado por un imperativo humanitario que prohíbe todo uso, producción, transferencia y almacenamiento de municiones en racimo. Además, establece un marco de cooperación y asistencia para garantizar una asistencia adecuada a los sobrevivientes y sus comunidades, limpieza de áreas contaminadas, educación para la reducción de riesgos y destrucción de existencias.

Al ratificar o adherirse a la Convención sobre Municiones en Racimo, los Estados Partes se comprometen a nunca usar, producir, almacenar o transferir municiones en racimo. Además, los Estados Partes se comprometen a destruir las reservas existentes en ocho años; limpiar la tierra contaminada en diez años; ayudar a las víctimas; prestar asistencia técnica, material y financiera a otros Estados Partes; emprender medidas de transparencia; adoptar medidas de implementación nacional; y promover la adhesión universal a la Convención.

Las municiones en racimo son inaceptables por dos razones. En primer lugar, tienen efectos de área amplia y no pueden distinguir entre civiles y combatientes. En segundo lugar, el uso de municiones en racimo deja tras de sí un gran número de municiones peligrosas sin detonar. Dichos restos matan y hieren a civiles, obstruyen el desarrollo económico y social y tienen otras consecuencias graves que persisten durante años y décadas después de su uso.