La violencia en el Catatumbo ya afecta a 92.000 personas
Los enfrentamientos entre grupos armados en la región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, dejan ya 91.879 personas afectadas, según el último informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitario de la ONU (OCHA)
De estas, más de 50.000 han sido desplazadas hacia los cascos urbanos de Cúcuta, Tibú y Ocaña y se encuentran albergadas en refugios temporales, hoteles y comunidades de acogida en estas ciudades.
El Catatumbo, una región fronteriza con Venezuela, es un territorio en disputa entre grupos armados debido a su importancia para la minería, la producción de coca y el tráfico ilícito y a la escasa presencia del Estado. En los últimos meses, se ha pasado de una tensa coexistencia entre grupos armados a una guerra abierta por el control del narcotráfico.
En febrero hubo menos desplazamientos masivos en comparación con las primeras semanas de la emergencia y se reforzó la presencia de la Fuerza Pública. Pero la violencia en el territorio continúa en aumento, con al menos 35 acciones armadas reportadas en los municipios de Tibú, Convención, Teorama y El Tarra, dejando a la población civil en medio del fuego cruzado, incluyendo niños y adolescentes.
Los combates, hostigamientos, atentados contra la infraestructura militar y contra miembros de la Fuerza Pública por parte de los grupos armados provocaron dos nuevos desplazamientos masivos en Tibú (12 de febrero) y Teorama (18 de febrero).
La violencia ha llegado también a la ciudad de Cúcuta con atentados y hostigamientos con artefactos explosivos improvisados a la infraestructura militar.
Algunas personas que permanecían en los cascos urbanos de Cúcuta, Ocaña y Tibú, estarían retornando sin las condiciones de seguridad a sus veredas, a pesar del peligro que suponen las minas antipersonales, las amenazas y la continuidad de las acciones armadas. Intentan regresar ante el deterioro de sus cultivos, el abandono de animales de crianza y los riesgos de despojo de sus tierras y viviendas.
Restricciones a la movilidad y confinamiento
Al menos 27.381 personas sufren restricciones a la movilidad y dificultades para acceder a bienes y servicios de primera necesidad. A esto se agrega que las 8668 personas confinadas al inicio de la emergencia tienen todavía más limitaciones por la imposición de horarios para el tránsito y otras estrategias de vigilancia permanentes sobre la población civil. Se conocen casos de personas que, al ser amenazadas por el grupo armado, se ven obligadas a confinarse en sus viviendas.
El personal humanitario y la Misión Médica tienen dificultades de acceso en San Calixto, Teorama, Tibú, El Tarra, Hacarí, El Carmen y Ábrego por las operaciones militares y hostilidades .Además, se han reportado amenazas y violencia contra el personal y los bienes humanitarios, ataques contra la Misión Médica, y la presencia de minas antipersonal, municiones sin explosionar, y artefactos explosivos improvisados .
El informe señala que “se ha exacerbado el riesgo particular para defensores de derechos humanos, firmantes de paz, líderes sociales y comunitarios, quienes son objeto de violencia por parte de los Grupos Armados No Estatales”. “Persisten las amenazas y señalamientos contra esta población, donde se les acusa de pertenecer o colaborar con otro actor en disputa”, añade, señalando que hay “limitaciones importantes para garantizar la protección”.
Mujeres y niños
Las mujeres y niños desplazados de sus hogares son especialmente vulnerables. Además de sufrir la interrupción del curso escolar, se están produciendo casos de desnutrición entre niños.
Según un tamizaje realizado por UNICEF a 328 niños en Tibú, por lo menos 4 niños menores de 5 años, sufrirían desnutrición aguda y 46 estarían en riesgo de desnutrición.
Desde el comienzo de la emergencia, el Ministerio Público ha identificado aproximadamente 99 mujeres víctimas de violencia de género y explotación sexual. De estas, cerca del 65% son de nacionalidad venezolana. “Estas mujeres, se encuentran en situación de vulnerabilidad debido a la falta de documentación y la persistencia de barreras para la regularización de su estatus migratorio”, señala el informe. Asimismo, se han registrado casos de violencia y amenazas directas contra mujeres lideresas, quienes se han visto obligadas a desplazarse en repetidas ocasiones.
Además, al menos 4667 refugiados y migrantes se han visto afectados durante la emergencia. La crisis ha aumentado los riesgos de violencia de género y sexual debido al hacinamiento y la falta de espacios seguros; afectando principalmente a mujeres, niños, niñas y adolescentes. Además, los menores de edad están expuestos al reclutamiento, uso y utilización por parte de Grupos Armados No Estatales y estructuras criminales.
Congelación de fondos
Las comunidades indígenas Barí de los resguardos Ñatubaiyibari y Catalaura, sufren constantes amenazas, medidas de control social, vigilancia y violencia. La asamblea permanente decretada por estas comunidades el 15 de febrero funciona como mecanismo de autoprotección y defensa de su territorio, pero OCHA señala que se requiere garantizar el acceso a alimentos, insumos médicos y agua potable.
La Oficina explica que “debido a la congelación de fondos por parte de los programas de asistencia humanitaria de Estados Unidos al menos 38 organizaciones humanitarias con presencia en Norte de Santander se han visto obligadas a suspender sus actividades, reducir su capacidad logística o finalizar su labor en territorio”. Como consecuencia, “se estima que al menos 120.000 personas se verían afectadas y no podrían acceder a la asistencia humanitaria”.