Hambre, COP29, prisión preventiva en México... Las noticias del viernes
El número de personas que pasan hambre ha aumentado un 10% en el último año, superando los 340 millones
Unos 343 millones de personas en 74 países padecen inseguridad alimentaria aguda, un 10% más que el año pasado y apenas por debajo del récord alcanzado durante la pandemia.
Según el informe del Programa Mundial de Alimentos, se estima que 1,9 millones de personas están al borde de la hambruna en Gaza y Sudán, así como en partes de Sudán del Sur, Haití y Malí.
En América Latina y el Caribe, 40,8 millones de personas están experimentando inseguridad alimentaria, de las cuales 14,2 millones están siendo priorizadas para recibir asistencia.
El Programa necesita 16.900 millones de dólares para asistir a 123 millones de las personas más hambrientas en 2025, lo que equivale aproximadamente a lo que el mundo gasta en café en solo dos semanas.
El 2024 ya es el año con más trabajadores humanitarios muertos
Un total de 281 trabajadores humanitarios han muerto en lo que va de 2024, la cifra más alta jamás registrada. De ellos, 178 han muerto en Gaza.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios destacó hoy la cifra cuando se han sobrepasado los 280 asesinados en 2023.
Los trabajadores humanitarios “trabajan con valentía y desinterés en lugares como Gaza, Sudán, Líbano, Ucrania, etc. Muestran lo mejor que la humanidad puede ofrecer, y a cambio están siendo asesinados, en cifras récord”, dijo el portavoz Jens Laerke.
De los 281 muertos en todo el mundo, 13 eran personal internacional y 268 personal local.
Gaza es el lugar más peligroso. Según la base de datos utilizada por OCHA, 178 humanitarios han muerto allí en 2024 (aunque la cifra sigue siendo veriicada) y 333 desde octubre de 2023.
La mayoría de los asesinados en Gaza eran personal de UNRWA.
Los países ricos ofrecen 250.000 millones anuales contra el calentamiento global
Un nuevo borrador de acuerdo financiero presentado a los negociadores en la COP29 propone que los países ricos se comprometan a aportar 250.000 millones de dólares al año para ayudar a las naciones vulnerables a enfrentar el calentamiento global y acelerar la transición global hacia la energía renovable.
El texto preliminar, que seguramente prolongará esta ronda de negociaciones hasta el fin de semana, pide que el objetivo general de financiamiento climático alcance "al menos 1.3 billones para 2035". Sin embargo, no especifica cómo se recaudarán estos fondos.
Varios grupos de la sociedad civil ha calificado la propuesta de “decepcionante” y “una bofetada en la cara”.
“Es un golpe. Es un insulto. Es impactante que estemos en este punto ahora. Los países ricos están básicamente jugando con las vidas de las personas en los países en desarrollo y las pequeñas islas”, dijo Namrata Chowdhary, de 350.org, a la corresponsal de Noticias ONU.
La prisión preventiva automática en México contraviene los derechos humanos
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha expresado su preocupación por una propuesta de reforma constitucional en México que amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa.
La reforma fue aprobada el 13 de noviembre por la Cámara de Diputados y actualmente está siendo analizada por el Senado. Esta modificación agrega delitos como la extorsión, el contrabando y ciertos tipo penales relacionados con las drogas a la lista de cargos en los que la prisión preventiva es automática.
“La prisión preventiva automática contraviene principios esenciales de derechos humanos”, dijo Volker Türk. “México enfrenta diversos desafíos en materia de seguridad y acceso a la justicia, pero ampliar el uso de la prisión preventiva oficiosa no es la respuesta”, añadió.
El Alto Comisionado también dijo que la reforma judicial adoptada en septiembre corre el riesgo de socavar seriamente la independencia del Poder Judicial y su capacidad para defender efectivamente el Estado de Derecho”. La introducción en la reforma de la figura de “jueces sin rostro”, para emitir sentencias de forma anónima en casos de delincuencia organizada, genera preocupaciones adicionales en relación con la administración de justicia abierta y transparente y demás derechos relacionados con un juicio justo.