La protección social ayuda a contrarrestar los efectos de la crisis climática
Aunque la protección social tiene un papel clave para contrarrestar los efectos devastadores del cambio climático en la población, más del 90% de las personas que viven en los 20 países más vulnerables a ese fenómeno carece de ella, alertó este jueves la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En un nuevo informe sobre el tema, la agencia de la ONU destacó el papel de la protección social y señaló que los gobiernos no están aprovechando plenamente su potencial para contrapesar los efectos de la crisis climática y apoyar una transición justa.
De acuerdo con la OIT, la protección social mitiga el impacto del cambio climático, ayuda a las personas y a las sociedades a adaptarse a una nueva realidad climáticamente volátil, y facilita una transición justa hacia un futuro sostenible.
Los más vulnerables son los más desprotegidos
El estudio subraya que los países más vulnerables a los efectos del cambio climático suelen tener los niveles más bajos de protección social.
Pese a que por primera vez en la historia más de la mitad de la población mundial (52,4%) tiene algún tipo de cobertura de protección social, el 91,3%, o 364 millones de personas, que habitan en los 20 países más vulnerables al cambio climático está desprotegido, precisó la OIT.
Al ampliar el espectro, la publicación detalla que en los 50 países más vulnerables al clima, el 75% de la población, o 2100 millones de personas carece de cualquier cobertura de protección social. A nivel mundial, la mayoría de los niños (76,1%) no tiene cobertura de protección social efectiva.
En cuanto al género, la cobertura efectiva de las mujeres es menor que la de los hombres, con 50,1% y 54,6%, respectivamente.
La crisis nos afecta a todos
El director general de la OIT recordó que el cambio climático no reconoce fronteras, y que no se puede construir un muro para mantener la crisis fuera.
“La crisis climática nos afecta a todos y representa la amenaza más grave para la justicia social hoy en día”, dijo Gilbert Houngbo.
Agregó que muchos de los países que están sufriendo las consecuencias más brutales de esta crisis “están especialmente mal equipados para hacer frente a sus consecuencias medioambientales y sobre los medios de vida. Debemos reconocer que lo que les ocurra a las comunidades afectadas nos afectará a todos”, enfatizó.
Seguridad de ingresos y atención sanitaria
El informe argumenta que la protección social puede ayudar a las personas a adaptarse y hacer frente a las crisis relacionadas con el clima al proporcionarles prestaciones como la seguridad de los ingresos y el acceso a la atención sanitaria.
Además, la protección social puede amortiguar a las familias, los trabajadores y las empresas durante la transición ecológica y permitir prácticas económicas más sostenibles.
Esas prácticas incluyen apoyar a los trabajadores con formación y mejorar sus calificaciones, de modo que tengan conocimientos y habilidades para el empleo en sectores verdes y con bajas emisiones de carbono. La protección social también garantiza que todos los empleos sean decentes, con protección y prestaciones adecuadas.
Para Gilbert Houngbo, la protección social es esencial para garantizar que la actual transición energética verde y baja en carbono no deja a nadie atrás.
Falta de inversión
“El imperativo de hacer universal la protección social no es sólo ético, sino también práctico: apoyando y protegiendo a los trabajadores en todas partes, podemos ayudar a aliviar los temores sobre la transición, lo que es esencial para movilizar el apoyo popular a una transición sostenible y justa», sostuvo.
La OIT hizo hincapié en la falta de inversión en protección social, y refirió que los países gastan una media del 12,9% de su producto interior bruto (PIB) en protección social (excluida la sanidad). Sin embargo, aclaró que los datos desagregados muestran que mientras que los países de renta alta gastan un promedio del 16,2%, los de renta baja sólo destinan el 0,8% de su PIB a la protección social.
En este renglón, indicó que los países de renta baja, entre los que se encuentran los Estados más vulnerables a los efectos del cambio climático, necesitan 308.500 millones de dólares adicionales al año, o el 52,3% de su PIB, para garantizar al menos una protección social básica, y recalcó que es necesario el apoyo internacional para alcanzar este objetivo.