La represión de estudiantes que se manifiestan en Estados Unidos es desproporcionada y viola sus derechos
La prohibición y los ataques contra las protestas estudiantiles en Estados Unidos constituyen una grave violación de los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión garantizados por las leyes internacionales y deben cesar de inmediato, señalaron una decena de relatores especiales y dos grupos de trabajo sobre derechos humanos, que descartan que las manifestaciones sean antisemitas.
Un grupo de expertos independientes de la ONU en derechos humanos* expresó al gobierno estadounidense su preocupación por la represión masiva de las protestas estudiantiles propalestinas en diversos campus universitarios de Estados Unidos.
En un comunicado conjunto publicado este jueves, los relatores especiales dijeron que estas acciones son desproporcionadas, carecen de justificación legal y pueden afectar significativamente la libertad, salud, educación y futuro profesional de los estudiantes.
Estudiantes de todo Estados Unidos han organizado plantones y protestas pacíficas contra la embestida militar israelí en Gaza y para expresar su solidaridad con los civiles gazatíes y oponerse a las afiliaciones de sus universidades con empresas que se benefician del conflicto y la ocupación.
Muchos de estos campamentos han sido desalojados con mano dura por policías respondiendo a solicitudes de las administraciones universitarias. Esos operativos han enviado al hospital a algunos manifestantes.
Las movilizaciones no son antisemitas
Los expertos rechazaron categóricamente las acusaciones de antisemitismo con las que ciertos políticos estadounidenses y autoridades universitarias se han referido a las protestas.
“Es inexacto e injustificado calificar de antisemitas todas las manifestaciones pacíficas de solidaridad con el pueblo palestino, los llamamientos al alto el fuego en Gaza o las críticas a la política de Israel”, enfatizaron.
Los relatores especiales hicieron patente su preocupación por el efecto amedrentador que los ataques, amenazas, represalias, presión política, estigmatización y acusaciones de antisemitismo pudieran tener sobre la diversidad de opiniones, afectando a la libertad académica en las universidades, dentro y fuera de las aulas.
“Pedimos al gobierno y a las administraciones universitarias que defiendan los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de defensa de los derechos, en consonancia con las leyes internacionales derechos humanos, y que creen un entorno seguro y propicio en el que todos puedan expresar libremente sus opiniones sobre asuntos de interés público”, subrayaron.
La represión debe cesar de inmediato
Los expertos afirmaron que la prohibición y los ataques contra las protestas estudiantiles “constituyen una grave violación de los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión garantizados por las leyes internacionales de derechos humanos, y deben cesar de inmediato”
Los estudiantes han denunciado represalias graves por su participación en las protestas, como citaciones, detenciones e incluso sanciones académicas.
La expulsión y suspensión de sus estudios, pérdida de la vivienda universitaria, vigilancia indebida e impedimento de graduarse son algunas de las medidas punitivas aplicadas a los estudiantes.
“Instamos a las autoridades académicas a garantizar que los estudiantes no sean castigados ni tratados injustamente por ejercer sus derechos humanos fundamentales”, enfatizaron los expertos, y pidieron la readmisión de los expulsados.
Recordaron que los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Estados Unidos, y el artículo 5 de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, exigen que se respete la libertad de reunión pacífica.
“Los campus privados tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, y las limitaciones deben ser legítimas, necesarias y proporcionadas”, apuntaron.
“Hay que facilitar las protestas pacíficas y los movimientos por los derechos como parte de los procesos democráticos”, puntualizaron los expertos.
Los firmantes del comunicado son: Farida Shaheed, relatora especial sobre el derecho a la educación; Cecilia M. Bailliet, experta sobre derechos humanos y solidaridad internacional; Alexandra Xanthaki, relatora especial sobre derechos culturales; Balakrishnan Rajagopal, relator especial sobre el derecho a una vivienda adecuada; Irene Khan, relatora especial sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión; Michael Fakhri, relator especial sobre el derecho a la alimentación; Gina Romero, relatora especial el derecho a la libertad de reunión pacífica; Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; Reem Alsalem, relatora especial sobre la violencia contra mujeres y niñas; George Katrougalos, experto sobre la promoción de un orden internacional democrático; Grupo de trabajo sobre discriminación contra mujeres y niñas; y Grupo de Trabajo sobre los derechos humanos y las empresas transnacionales
* Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.