Colombia debe implementar el Acuerdo de Paz como una política de Estado, señala una experta
En un informe, la experta identifica los obstáculos al camino de la paz y formula recomendaciones, destacando que el 80% de los firmantes de los acuerdos mantienen su compromiso de reintegrarse a la sociedad, a pesar de los obstáculos, y los riesgos para sus vidas. El desmantelamiento de las estructuras criminales y la lucha contra la corrupción son pilares fundamentales para la consolidación de la paz
La experta* internacional en Derechos Humanos de la ONU pidió este martes al Estado colombiano que implemente el Acuerdo de Paz de 2016 como política de Estado y garantice que todos los procesos de diálogo con grupos armados no estatales tengan un enfoque de derechos humanos centrado en las víctimas.
En su informe, elaborado por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Antonia Urrejola**, expone los principales obstáculos para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, incluidos los identificados por la Jurisdicción Especial para la Paz en marzo de 2023, y formula recomendaciones para contribuir a la consolidación de la paz en Colombia.
El informe señala avances relacionados con la reforma rural integral y con la justicia transicional. También destaca que el 80% de los firmantes de los acuerdos mantienen su compromiso de reintegrarse a la sociedad, a pesar de los obstáculos, y los riesgos para sus vidas.
El Acuerdo de Paz de 2016 es una hoja de ruta para abordar las causas estructurales del conflicto y garantizar la no repetición, señala el informe, que subraya que las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos deben implementarse de forma progresiva e independiente del contexto político.
Ataques contra el sistema de justicia transicional
El informe señala que los primeros años tras la firma del Acuerdo de Paz fueron cruciales para garantizar su aplicación y consolidar la confianza de la población en el Acuerdo, pero estuvieron marcados por un contexto político hostil a ese Acuerdo. Esto dio lugar a una aplicación irregular y a ataques contra el sistema de justicia transicional.
Así, el documento señala posibles obstrucciones de la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial para la Paz en el caso de "Jesús Santrich", ex miembro de las FARC-EP y negociador del Acuerdo de Paz y destaca que el caso ejemplifica el uso abusivo de la acción penal para minar la confianza de la población en el Acuerdo y en el sistema de justicia transicional.
"Se reforzó el estigma que pesaba sobre los firmantes de la paz, se aceleró su división interna y se afectó su reintegración, prevista en el Acuerdo. Al mismo tiempo, generó dudas sobre la idoneidad e imparcialidad de los miembros de la Jurisdicción Especial para la Paz", dice el texto.
En este sentido, Urrejola urge a la Fiscalía General de la Nación a dar prioridad a la investigación de la denuncia de la Jurisdicción de marzo 2023, y a determinar posibles responsabilidades penales en un plazo razonable, a través de la creación de un grupo de expertos independientes que apoyen y presten asistencia técnica en la investigación.
"La Fiscalía General de la Nación deberá informar públicamente sobre los avances y resultados de esta investigación en el plazo de un año", señaló la experta.
El informe recomienda "respetar y salvaguardar la independencia y autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz como autoridad judicial encargada de juzgar los crímenes más graves y emblemáticos cometidos durante el conflicto armado, y garantizar la protección de su personal, de las víctimas y de quienes comparezcan ante la Jurisdicción".
Otras recomendaciones
El Estado también debe revisar y adaptar los procedimientos legales para que el proceso de extradición de ciudadanos colombianos cumpla con las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos, incluidos los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y el derecho a la paz.
La experta pidió la creación de una entidad al más alto nivel gubernamental que supervise la implementación de los acuerdos, convoque a todas las entidades y ministerios, garantice la coordinación interinstitucional requerida y la articulación entre las políticas públicas de justicia transicional, con los recursos financieros adecuados.
También instó al Estado que implemente, con carácter prioritario, una política de desmantelamiento de las organizaciones criminales, con un enfoque territorial y participativo, y asegurando los recursos adecuados.
"El desmantelamiento de las estructuras criminales y la lucha contra la corrupción son pilares fundamentales para la consolidación de la paz", dice el informe.
Por último, la experta urge al Estado colombiano a que redoble sus esfuerzos para implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en las políticas públicas del Estado, particularmente a nivel local y departamental.
*Los relatores especiales y otros expertos independientes en derechos forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. No forman parte del personal de la ONU, son independientes de cualquier gobierno u organización y no reciben un salario por su trabajo.
**Antonia Urrejola es la experta internacional en derechos humanos para identificar los obstáculos a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.