Nicaragua debe liberar al obispo Rolando Álvarez, quien se encuentra en régimen de aislamiento
Tras la liberación de doce sacerdotes, dos expertas de la ONU en derechos humanos piden la misma suerte para el obispo y denuncian el hostigamiento sistemático de las autoridades del país contra miembros de la Iglesia Católica y de otras religiones, y pugnan por el respeto a libertad de credo.
El 18 de octubre pasado, todos los sacerdotes católicos que habían sido arrestados como parte de la represión registrada recientemente contra la Iglesia Católica en Nicaragua fueron liberados luego de un acuerdo con el Vaticano para su puesta en libertad y traslado a Roma, según lo informó el gobierno del país centroamericano.
Sin embargo, el obispo de Matagalpa, Rolando José Álvarez Lagos, continúa detenido arbitrariamente desde agosto de 2022, tras ser condenado sin juicio previo y haber perdido sus derechos de ciudadanía y nacionalidad.
Las relatoras especiales* sobre la libertad de credo, Nazila Ghanea; y sobre la libertad de expresión, Irene Khan, expresaron gran preocupación “por los patrones sistemáticos de hostigamiento contra miembros de la Iglesia Católica y otras religiones por parte de las autoridades nicaragüenses”.
En un comunicado, las expertas señalaron que el Gobierno “debe liberar inmediata e incondicionalmente a monseñor Álvarez y proteger el derecho a la libertad de religión o creencias en el país”.
El obispo Álvarez Lagos se encuentra en régimen de aislamiento y en condiciones que contravienen gravemente las Reglas de Nelson Mandela.
Desde que se llevaron a cabo los Diálogos Nacionales de 2018, el religioso se destacó por sus llamados a la liberación de los presos políticos y a la pacificación y reconciliación entre los nicaragüenses.
Hostigamiento de organizaciones religiosas
El 2 de agosto de este año, las relatoras enviaron una misiva oficial a las autoridades nicaragüenses planteándoles su inquietud por las presuntas restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de religión o creencias y el hostigamiento de organizaciones religiosas en el país.
Desde entonces, Ghanea y Khan han advertido que las medidas gubernamentales de represión adoptadas incluirían el supuesto arresto y detención arbitrarias de miembros de la Iglesia Católica y otras religiones, las deportaciones forzosas y prohibiciones de entrada en el país, la criminalización de sus actividades pastorales, la prohibición de realizar ceremonias religiosas, el asedio policial a sus domicilios o lugares de culto, el cierre de medios de comunicación, universidades y organizaciones pertenecientes a estos grupos religiosos, al igual que la confiscación de sus bienes.
Derogación de la personalidad jurídica
Las expertas precisaron que desde 2022, las autoridades nicaragüenses habrían cancelado la personalidad jurídica de al menos mil organizaciones sin fines de lucro, 320 de ellas de carácter religioso.
En agosto de 2023, el Gobierno derogó la personalidad jurídica de la histórica Universidad Centroamericana dirigida por la orden católica jesuita, y decomisó sus instalaciones.
En 2023, también se habría anulado la personalidad jurídica de dos universidades cristianas evangélicas y de otra asociada con la Iglesia Católica.
Las relatoras recordaron que estas acciones violan el derecho internacional y que parecen formar parte de un patrón más amplio de represión contra diferentes componentes de la sociedad civil nicaragüense, especialmente hacia personas o entidades percibidas como críticas del gobierno.
En este renglón afirmaron que las autoridades estarían vulnerando seriamente los derechos humanos a la libertad de religión o creencias, a la libertad de asociación, y a la libertad de expresión y opinión, entre otras garantías fundamentales.
*Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.