Una guía legislativa ayudará a prevenir los abusos y prácticas coercitivas en la salud mental
Detenciones involuntarias, tratamiento forzosos, reclusiones e inmovilizaciones forman parte de las prácticas de los servicios de salud mental en muchos países. Es necesario acabar con ellas. El titular de la ONU urge a acabar con las barreras que impiden a las personas buscar tratamientos adecuados.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina de Derechos Humanos han lanzado una nueva guía para ayudar a los países a reformar su legislación y poner fin de esa forma a las violaciones de los derechos humanos.
Lanzada en vísperas del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el día 10 de octubre, la guía Salud mental, derechos humanos y legislación: orientación y práctica busca, además, aumentar a la vez el acceso apropiado a la atención de salud mental.
Desafortunadamente, las violaciones de los derechos humanos y las prácticas coercitivas en la atención de salud mental, respaldadas por la legislación y las políticas vigentes, siguen siendo demasiado comunes.
Una amplia gama de violaciones
Hospitalizaciones, detenciones involuntarias, tratamientos forzosos, reclusiones, aislamientos, inmovilizaciones forzosas, condiciones de vida insalubres y abusos físicos, psicológicos y emocionales caracterizan muchos servicios de salud mental en todo el mundo.
Está demostrado que los servicios de atención comunitaria son más accesibles, rentables y eficaces que los modelos institucionales.
De hecho, la mayor parte del gasto público declarado en salud mental se destina a hospitales psiquiátricos (el 43% en los países de renta alta). Sin embargo, está demostrado que los servicios de atención comunitaria son más accesibles, rentables y eficaces que los modelos institucionales de atención a la salud mental.
Acabar con las citadas prácticas coercitivas es esencial para respetar el derecho a tomar decisiones sobre la propia atención sanitaria y el tratamiento.
Además, cada vez hay más pruebas de que las prácticas coercitivas afectan negativamente a la salud física y mental, a menudo agravando el estado de salud de la persona y alejándola de sus sistemas de apoyo.
Consentimiento libre e informado
Las orientaciones proponen disposiciones legislativas para poner fin a la coacción en los servicios de salud mental y consagrar el consentimiento libre e informado como base de todas las intervenciones relacionadas con la salud mental. También ofrece orientaciones sobre cómo tratar los casos más complejos y difíciles en la legislación y las políticas sin recurrir a prácticas coercitivas.
La guía expone lo que hay que hacer para acelerar la desinstitucionalización e incorporar a la atención de salud mental un enfoque comunitario basado en los derechos. Esto incluye la adopción de legislación para sustituir gradualmente las instituciones psiquiátricas por sistemas de apoyo comunitario integradores y servicios generales, como ayudas a los ingresos, asistencia para la vivienda y redes de apoyo entre iguales.
Al dar a conocer la guía, el director general de la OMS dijo que "la salud mental es un componente integral y esencial del derecho a la salud".
Tedros Adhanom Ghebreyesus indicó que las nuevas orientaciones contenidas en la guía “ayudarán a los países a introducir los cambios necesarios para prestar una atención de salud mental de calidad que ayude ala recuperación de la persona y respete su dignidad, empoderándola para que lleve una vida plena y saludable en sus comunidades".
Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas aseguró que se debe aspirar a transformar los servicios de salud mental, no sólo en su alcance, sino en sus valores subyacentes, para que respondan verdaderamente a las necesidades y la dignidad de la persona.
“Esta guía ofrece orientación sobre cómo un enfoque basado en los derechos puede apoyar la transformación necesaria en los sistemas de salud mental", dijo Volker Türk.
El Secretario General de la ONU, por su parte, también se unió a las peticiones de lograr unos servicios de salud mental de calidad y pidió “derribar las barreras” que impiden a muchas personas buscar el tratamiento que necesitan.
“La salud mental no es un privilegio, sino un derecho humano fundamental, y debe incluirse en la cobertura sanitaria universal. Los Gobiernos deben defender los derechos de las personas con problemas de salud mental y ofrecer los cuidados necesarios para su recuperación. Esto incluye reforzar el apoyo comunitario e integrar la ayuda psicológica en el conjunto de la atención sanitaria y social”, dijo António Guterres.