Colombia debe garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, señala un experto
Ante la brecha en la aplicación de garantías de no repetición y el recrudecimiento del conflicto, insta a las autoridades a intensificar sus esfuerzos para implementar la Agenda de Paz. Propone aliviar los requisitos para registrar a las víctimas y destinar más financiación a las reparaciones económicas y la rehabilitación psicosocial. Pide más presencia efectiva del Estado en las zonas más afectadas del país.
Un experto de la ONU* instó este viernes a las autoridades colombianas a cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos en las agendas de paz y justicia transicional.
El relator especial, quien se encarga de la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, calificó como “encomiables” los avances relacionados con el establecimiento de un mecanismo de justicia transicional y el esclarecimiento de la verdad sobre las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en el contexto del conflicto armado.
Sin embargo, instó a las autoridades a intensificar sus esfuerzos para avanzar en los aspectos pendientes de su agenda e implementar las recomendaciones del informe.
Recrudecimiento del conflicto armado
Tras una visita de diez días al país, Fabián Salvioli advirtió que Colombia asiste a un preocupante recrudecimiento del conflicto armado en vastos territorios, especialmente en los anteriormente afectados. "La insuficiente implementación de las garantías esenciales de no repetición contenidas en el Acuerdo de Paz ha agravado la situación", afirmó.
El experto también señaló desafíos y retrasos en la aplicación de reparaciones financieras y rehabilitación psicosocial, a pesar de la adopción de un robusto mecanismo institucional para reparar al gran número de víctimas registradas en el país.
En este sentido, Salvioli propuso aliviar los requisitos para registrar a las víctimas y contar con una mayor financiación que complemente el presupuesto nacional existente.
Retrasos y confusión
El relator especial señaló que Colombia ha adoptado numerosos procesos para promover la rendición de cuentas de miembros de grupos paramilitares, armados y fuerzas de seguridad acusados de graves violaciones de las garantías fundamentales y del derecho internacional humanitario.
Sin embargo, explicó que, por una parte, hay retrasos en el procesamiento de los casos; y por otra, existen preocupaciones sobre el papel que tienen las víctimas en la creación de las sanciones a los perpetradores ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
Salvar la brecha en la aplicación de la Agenda de Paz
Salvioli destacó los nuevos esfuerzos del Gobierno para avanzar en las negociaciones de paz con grupos armados y criminales y para implementar las agendas de paz y justicia de transición.
"Entiendo las dificultades para aplicar algunos aspectos de la Agenda de Paz y la brecha de implementación heredada del Gobierno anterior", dijo el experto.
No obstante, Salvioli enfatizó que la respuesta de las autoridades debe incluir estrategias para una presencia efectiva del Estado en las zonas más afectadas por el conflicto.
También consideró que debe incluir planes integrales de reparaciones para las víctimas, incluida la restitución de tierras, y condiciones sostenibles para su retorno, la reintegración de los excombatientes y el trabajo de los defensores de derechos humanos, incluidos los líderes sociales.
El relator especial presentará su próximo informe al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2024.
*Fabián Salvioli fue designado en 2018 como relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Procedimientos Especiales, el mayor organismo de expertos independientes en el sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier Gobierno u organización y sirven a título individual.