Los gobiernos latinoamericanos deben proteger a los defensores de los derechos humanos y el medio ambiente
La comisión económica para la región coauspicia un foro sobre la importancia del trabajo de esos activistas y llama a garantizar que puedan desempeñarlo en un entorno seguro. Los participantes pugnan por un plan de acción que reconozca la diversidad de los defensores, a menudo integrantes de grupos discriminados o marginados, como los indígenas y afrodescendientes.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) celebra en Panamá el segundo foro anual sobre defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales con el propósito de compartir experiencias y buenas prácticas en la promoción, prevención y protección de esas personas, cuyo trabajo es crucial para la sociedad en el contexto del cambio climático.
Durante la reunión de dos días también se llevan a cabo consultas y discusiones para elaborar un plan de acción que se presentará en la tercera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú en abril de 2024.
Los participantes en el cónclave -que incluyen a altos funcionarios de gobiernos latinoamericanos y de organizaciones internacionales, y a activistas de la región-, subrayaron que los defensores ambientales son muy diversos y abogaron por que el plan de acción reconozca esa diversidad.
Los defensores del medio ambiente viven diferentes realidades, un buen número de ellos son integrantes de comunidades que padecen discriminación y desigualdades sin que eso los detenga en la protección de sus territorios, culturas, sustentos y formas de vida. Tal es el caso de los pueblos indígenas y afrodescendientes, destacaron los asistentes al foro.
En la primera jornada de discusiones, los participantes llamaron a los Estados y gobiernos de la región a reforzar la protección de los defensores ambientales y a garantizar un entorno seguro y propicio para que los defensores ambientales desempeñen su importante labor.
La importancia del Acuerdo de Escazú
El foro también tiene el objetivo de destacar la relevancia del Acuerdo de Escazú como instrumento para garantizar la democracia, la protección del medio ambiente, el estado de derecho, el desarrollo sostenible y la defensa de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
En ese sentido, el encargado de la Secretaría del Acuerdo de Escazú y jefe de la Desarrollo Sostenible de la CEPAL, Carlos de Miguel, dijo que ese acuerdo representa un gran avance ambiental para la región, aunque agregó que hay situaciones muy complejas que requieren de soluciones urgentes “que muchas veces no llegan”.
El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo ambiental de América Latina y versa sobre derechos humanos en asuntos ambientales. Además es el primer pacto internacional con disposiciones específicas y concretas sobre defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
Marcelo Cousillas, director de Asesoría Jurídica del Ministerio de Ambiente de Uruguay, señaló que para implementar esas disposiciones es necesario contar con el plan de acción y recordó que uno de los objetivos del foro es aportar, encontrar y proponer los mecanismos que regirán esa hoja de ruta.
Los participantes coincidieron en que ningún activista o ministerio por sí solo puede resolver los problemas ambientales de un país, por lo que se precisa trabajar en colaboración entre gobiernos y organizaciones mundiales. “La destrucción de nuestros ecosistemas es muy acelerada, más allá de la respuesta que estamos dando todos los gobiernos, y el cambio climático ha agravado esto”, puntualizó uno de los oradores.