Las sanciones unilaterales y su cumplimiento excesivo dañan el derecho a la salud
Una experta en derechos humanos destaca la proliferación de sanciones unilaterales en el mundo y subraya que éstas nunca deben afectar el funcionamiento de infraestructura esencial para la atención médica, la alimentación, la agricultura, la electricidad, el suministro de agua, el riego, el saneamiento, las semillas y los fertilizantes.
Las sanciones unilaterales y su cumplimiento excesivo perjudican el ejercicio del derecho a la salud, afirmó este viernes la relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas unilaterales coercitivas en el goce de los derechos humanos*.
En un informe al Consejo de Derechos Humanos, Alena Douhan se refirió a la proliferación de diferentes formas y tipos de sanciones unilaterales que encara el mundo y aseveró que todos los sistemas de salud son muy vulnerables a estas medidas coercitivas.
Además, advirtió contra la aplicación de sanciones secundarias, toda vez que afectan peligrosamente las garantías fundamentales de quienes viven en los países penalizados.
“El uso creciente de sanciones secundarias, así como sanciones civiles y penales por presunta elusión de regímenes de sanciones, tiene graves implicaciones negativas para los derechos humanos de las personas que viven en países sancionados, incluido su derecho a una atención sanitaria adecuada, adecuada y oportuna”, afirmó.
La experta explicó que este tipo de sanciones lleva a cada vez más casos de cumplimiento y políticas excesivas para reducir el riesgo de ser objetivo de restricciones coercitivas, lo que sólo provoca más sufrimiento en las poblaciones de los países sancionados.
Venezuela y Cuba, entre los que no tienen acceso a medicamentos
Douhan subrayó los efectos negativos del cumplimiento excesivo de las sanciones unilaterales por parte de los sectores empresarial y financiero, que complican la adquisición y entrega de medicamentos, equipos médicos y otros suministros humanitarios exentos de cualquier clase de restricción.
Como ejemplo de estas afectaciones cita los casos de Venezuela, Zimbabwe, Siria, Irán, Somalia y Yemen, que no pueden administrar las vacunas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) porque no se las venden.
Detalla que durante el periodo 2016-2018, en Venezuela se dejó de vacunar a unos de 2,6 millones de niños y que, a la fecha, la cobertura de vacunación COVAX ronda en torno al 20%. En Siria, la vacunación infantil cayó del 95% al 60% entre 2006 y 2022.
Asimismo cita los efectos psicológicos, especialmente en los jóvenes, de la “pérdida de esperanza” debida a la dramática situación económica, la falta de empleo, alimentos y medicinas en países como Siria o Cuba.
“La desilusión y el sufrimiento psicológico se ven agravados también por la falta de disponibilidad de medicamentos especializados, incluso para afecciones de salud mental, depresión posparto y otros tipos de depresión, trastorno de ansiedad-depresión, conductas y pensamientos suicidas, autolesiones y otras afecciones”, abunda.
Las exenciones no funcionan
En este sentido, cuestiona la eficacia de las exenciones, excepciones y suspensiones humanitarias existentes debido a la naturaleza compleja y superpuesta de los regímenes de sanciones, los procedimientos de autorización onerosos y poco claros, las continuas restricciones financieras y el temor a una posible responsabilidad civil o penal por presuntas violaciones de regímenes de sanciones.
La relatora especial sostuvo que el impacto de las sanciones se extiende a una amplia gama de cuestiones relacionadas con la salud como el desarrollo de infraestructuras e instalaciones adecuadas; la escasez de trabajadores sanitarios y las limitadas oportunidades para su formación en los países sancionados; los obstáculos para acceder y desarrollar la ciencia, el conocimiento y la investigación; así como prevención y control de enfermedades, nuevas tecnologías y software.
Además, dijo, afecta todos los servicios clave para la salud, entre ellos el acceso al agua potable y saneamiento, la seguridad alimentaria, y un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.
“Las sanciones unilaterales nunca deben interferir en el funcionamiento de infraestructura crítica relevante para la atención médica, la alimentación, la agricultura, la electricidad, el suministro de agua, el riego, el saneamiento, las semillas y los fertilizantes, todos los cuales son necesarios para la supervivencia y el bienestar de las poblaciones”, enfatizó.
Violación de los tratados internacionales
Douhan recalcó que la imposición y aplicación de sanciones unilaterales y políticas para evitar sanciones secundarias violan numerosos tratados internacionales y obligaciones de los Estados, incluidas las derivadas de la Carta de las Naciones Unidas y las leyes de derechos humanos, así como otras normas y convenios internacionales como los laborales o de seguridad y salud.
También hizo hincapié en que las afirmaciones de que es involuntario el impacto humanitario adverso de las sanciones y de que hay buenas intenciones al aplicarlas no legitiman su implementación.
El informe resalta el impacto de las medidas coercitivas unilaterales en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente en el referente al mantenimiento y el desarrollo de los sistemas de salud, y su efecto en las poblaciones más vulnerables como las personas con discapacidad, las que padecen enfermedades raras y graves, los niños, las mujeres o las personas mayores.
Del mismo modo, da cuenta del impacto de las medidas coercitivas unilaterales en la disponibilidad de asistencia médica en situaciones de emergencia, y llama a tomar siempre en cuenta el aspecto humanitario en la elaboración e implementación de las sanciones, así como de las excepciones y exenciones.
* Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.