La justicia es crucial para la paz, pero 250 millones de personas viven injusticia extrema
El máximo encargado de velar por los derechos humanos señala que la justicia también es vital para el desarrollo sostenible y alerta de que muchas instituciones del estado de derecho enfrentan una crisis de capacidad y de confianza pública.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos afirmó este viernes que la justicia es vital para la paz y el desarrollo sostenible y consideró que el mundo precisa de una justicia accesible y disponible para todos.
Volker Türk presentó sus reflexiones sobre la nueva visión para el estado de derecho del Secretario General de las Naciones Unidas, destacando una crisis de capacidad y de confianza pública en muchas instituciones del estado de derecho y la justicia.
Aunque se han logrado avances, millones de personas no tienen acceso efectivo a la justicia y viven en condiciones de profunda injusticia, en contravención de la promesa del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que compromete a los Estados a "promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles", apuntó.
Miles de millones sin oportunidades ni protección
Türk detalló que las personas que viven en condiciones extremas de injusticia y privadas de cualquier protección significativa de la ley suman 250 millones a nivel global, además de que unos 4500 millones -el 60% de la población mundial-, están excluidos de las protecciones y oportunidades sociales, económicas y políticas que la ley les debería garantizar.
Explicó que esas personas carecen de títulos de propiedad de la tierra, documentos de residencia, documentación de vivienda o están empleados sin contrato en el sector informal, lo que resulta en la privación del acceso adecuados a la atención médica, la educación, los préstamos bancarios y mejores empleos.
Otro dato lamentable es el que indica que las mujeres y los niños enfrentan los mayores obstáculos para acceder a la justicia, con más de mil millones de mujeres sin protección contra la violencia sexual por parte de una pareja, mientras que 1500 millones no tenían protección legal contra el acoso sexual en el trabajo, según cifras de 2017.
La corrupción, un gran lastre
El Alto Comisionado identificó a la corrupción como otro de los impedimentos para la buena gobernanza y la justicia, y citó al informe de Desarrollo Sostenible que revela que el 15% de las empresas del mundo reportaron solicitudes de sobornos por parte de funcionarios públicos.
Además, la corrupción en el poder judicial socava gravemente la legitimidad y la confianza en ese sistema fundamental del estado de derecho, añadió, advirtiendo que cuando las personas no creen en la legitimidad y la eficacia de las instituciones públicas, ni en su capacidad para abordar los conflictos, las quejas crecen y se enconan, convirtiendo las tensiones en violencia.
“Para que el estado de derecho desempeñe su papel en la reconstrucción de la confianza, las instituciones públicas deben ser más receptivas, justas y eficaces”, aseveró.
Relación simbiótica
Türk recalcó que el estado de derecho es un componente central de la promoción y protección efectivas de los derechos humanos y que, a su vez, los derechos humanos están en el centro del estado de derecho y del fomento de la confianza en las instituciones públicas.
“Los derechos humanos son la base subyacente de cualquier sistema de estado de derecho que funcione”, insistió.
En este sentido, indicó que la nueva Visión del Estado de Derecho del Secretario General, que entrara en vigor en junio, reafirma esta relación simbiótica. “La Visión reconoce no sólo que el estado de derecho y los derechos humanos se refuerzan mutuamente, sino que si el estado de derecho ha de servir a las personas y generar confianza, debe estar plenamente alineado con los derechos humanos”.
El Alto Comisionado expresó el compromiso de su Oficina de profundizar y ampliar el trabajo de asistir a los Estados, las comunidades y las personas de todo el mundo a hacer realidad el estado de derecho, dando forma a las instituciones públicas para que respondan a los desafíos del mundo actual.