El Consejo de Seguridad debe redoblar sus esfuerzos para poner fin “al crimen más silenciado y menos condenado”
La representante especial sobre violencia sexual en conflictos insta al Consejo de Seguridad a garantizar la aplicación de las resoluciones en la materia, mediante una reforma del sector que tenga en cuenta las cuestiones de género. Advierte sobre los efectos negativos de la impunidad, y el uso de la violencia sexual para intimidar y castigar a opositoras y defensoras de los derechos humanos.
La representante especial sobre la Violencia Sexual en los Conflictos y secretaria advirtió este viernes que las tendencias de la violencia sexual relacionada con los conflictos están empeorando.
“Las violaciones colectivas, la esclavitud sexual y otras formas de violencia sexual se están utilizando como táctica de guerra, tortura y terrorismo, para someter y desplazar a las poblaciones. En esta época de turbulencias mundiales sin precedentes han surgido nuevas amenazas en el espacio digital, en gran medida desgobernado”, declaró.
Durante el debate Promoción de la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos, Pramila Patten recordó que la promesa expresada por las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre Mujeres, Paz y Seguridad, centradas en la violencia sexual relacionada con los conflictos, es la prevención.
Las resoluciones “representan el compromiso de poner en práctica todas las herramientas necesarias para romper los ciclos aparentemente interminables de violencia sexual, impunidad y venganza. El objetivo singular de este Consejo debe ser salvar la distancia entre las resoluciones y las realidades, entre nuestras máximas aspiraciones y las operaciones sobre el terreno”, enfatizó.
Un delito históricamente oculto
Patten señaló que el último informe del Secretario General sobre Violencia sexual relacionada con los conflictos ofrece una “instantánea” de las pautas y tendencias a nivel mundial.
Las mujeres y las niñas representan el 94% de los casos verificados, y el 6% de las violaciones denunciadas son contra hombres y niños. Los niños representan el 32% de los incidentes verificados, y las niñas el 97%, una gran mayoría de estos casos.
Como ejemplos mencionó a la República Democrática del Congo, Ucrania, Haití, la República Centroafricana, Etiopía e Iraq.
Aunque el informe transmite la gravedad y brutalidad de los incidentes verificados, no refleja la prevalencia de un delito crónicamente poco denunciado e históricamente oculto, añadió la representante. “Sabemos que por cada mujer que denuncia, muchas más son silenciadas por las presiones sociales, el estigma, la inseguridad y la escasez de servicios”.
“Cada nueva ola de guerra trae consigo una marea creciente de tragedia humana, incluidas nuevas oleadas de los crímenes más antiguos, silenciados y menos condenados de la guerra”, recalcó, llamando al Consejo de Seguridad y a la comunidad internacional a actuar para proteger a la población vulnerable de esta atrocidad.
Impunidad y perpetradores reincidentes
La representante advirtió sobre el efecto envalentonador de la impunidad. “Hasta que no aumentemos de forma efectiva el coste y las consecuencias de cometer, ordenar o condonar actos de violencia sexual, nunca frenaremos la oleada de este tipo de violaciones”.
Patten informó que, en 2023, 49 partes, en su mayoría agentes no estatales, figuran en la lista por cometer sistemáticamente actos de violencia sexual. De ellos, más del 70% son perpetradores reincidentes, que han aparecido en la lista durante cinco o más años sin que se hayan tomado medidas correctivas o de reparación.
“Es fundamental garantizar una mayor coherencia entre la lista del Secretario General y las medidas selectivas y graduales que imponen los comités de sanciones de las Naciones Unidas. Si se aplican de manera oportuna y coherente, las sanciones pueden cambiar el cálculo de las partes que operan bajo el supuesto de que la violación es ´gratuita´, o incluso rentable, en la economía política de guerra en la que se trafica, comercia y lucra con mujeres”, explicó.
Intimidación y castigo
El informe también identificó varios problemas emergentes que han exacerbado los antiguos retos referentes a la información y la respuesta. Por ejemplo, la retórica incendiaria contra el personal de mantenimiento de la paz de la ONU, incluidas las manifestaciones violentas, que reduce el espacio operativo para la prestación de servicios y la verificación de las denuncias.
“No obstante [este limitado espacio], casi el 70% de los casos verificados por la ONU se denunciaron en las ocho misiones de mantenimiento de la paz y misiones políticas especiales en las que se desplegaron asesores de protección de la mujer”, declaró Pramila Patten.
Por otra parte, las defensoras de los derechos humanos, incluidas las que abogan por las víctimas de violencia sexual, fueron objeto de ataques dirigidos a frenar su activismo en todo el mundo.
“Se siguieron utilizando patrones de violencia sexual como parte del repertorio de violencia política para intimidar y castigar a opositoras y defensoras de los derechos humanos”, prosiguió, y detalló que en Myanmar, Colombia y Libia, hubo mujeres, niñas, hombres, niños y personas de diversa orientación sexual e identidad de género que fueron objeto de violencia sexual, incluso en centros de detención.
El poder preventivo del Estado de derecho
El informe destaca las tendencias tras los cambios inconstitucionales de poder, la creciente militarización y la proliferación ilícita de armas. Analiza la compleja gama de actores en el campo de batalla, como las empresas militares y de seguridad privadas, que han complicado la atribución y la rendición de cuentas. También pone de relieve los retos políticos y de seguridad, que han erosionado las instituciones del estado de derecho, creando un riesgo de ´Estado sin ley´.
“La idea central del informe de este año es la necesidad de aprovechar el poder preventivo del estado de derecho”, señaló Patten, citando ejemplos del impacto positivo de la reparación y la justicia transicional en Guinea, la República Democrática del Congo, la República Centroafricana y Colombia.
Reformas y financiación
En este contexto, el informe recomienda una reforma del sector de la justicia y la seguridad que tenga en cuenta las cuestiones de género; el fortalecimiento de servicios para las sobrevivientes; la reducción del flujo de armas pequeñas y ligeras; y compromisos políticos y diplomáticos para abordar la violencia sexual en los acuerdos de alto el fuego y de paz.
El informe también recomienda proporcionar un apoyo financiero previsible al Fondo Fiduciario Multilateral contra la Violencia Sexual en los Conflictos, así como para los asesores de protección de la mujer, esenciales para la respuesta institucional y su despliegue.
“Hoy sabemos más que nunca sobre qué motiva la violencia sexual, quiénes son sus autores y qué servicios necesitan las supervivientes. Sabemos que estos delitos no se producen en el vacío, sino que están vinculados a una dinámica de seguridad más amplia”, apuntó.
Así, Pramila Patten calificó como esencial respaldar la Estrategia de Prevención puesta en marcha en septiembre de 2022 por su Oficina.
“Debemos garantizar la aplicación de las resoluciones del Consejo, adaptando al mismo tiempo nuestras acciones a los conflictos actuales y a los nuevos retos mundiales, incluidas las amenazas procedentes del espacio digital, en gran medida sin gobernar, y la inseguridad relacionada con el clima”, finalizó.