Consolidar la paz en Colombia exige dialogar para reducir la violencia
El Secretario General recibe con optimismo los avances en el proceso en su último informe de verificación sobre la implementación del Acuerdo de Paz. Destaca la aprobación de políticas y legislación claves, y la asignación de recursos para acelerar la implementación y los acuerdos logrados sobre cese al fuego.
En el último informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que abarca el período comprendido entre el 27 de marzo y el 26 de junio de 2023, el Secretario General de las Naciones Unidas reconoció los avances en la implementación de aspectos centrales del Acuerdo de Paz, y animó al Gobierno a seguir perseverando, tanto en su implementación, como en el diálogo para para hacer frente a la violencia.
António Guterres recibió con optimismo los avances en varios puntos del Acuerdo, así como la aprobación de políticas y legislación claves, y la asignación de recursos para acelerar la implementación. También destacó los acuerdos logrados sobre cese al fuego y la participación de la sociedad en la Mesa de Diálogo entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
“Acojo con beneplácito, por ejemplo, que la paz en general y el Acuerdo Final en particular figuren como prioridades importantes en el Plan Nacional de Desarrollo, elaborado con la amplia participación de la sociedad colombiana”, declaró.
Reforma rural integral
El informe destaca los avances alcanzados en cuanto a la reforma rural integral; si bien el Gobierno ha avanzado en la compra de tierras para campesinos, su entrega y la definición de beneficiarios todavía no han tenido lugar. Las autoridades continúan trabajando también para acelerar la restitución de tierras.
“Confío en que las tierras puestas a disposición hasta ahora para fines de reforma rural se entreguen pronto a sus beneficiarios previstos, incluidas las víctimas y las mujeres rurales, junto con el apoyo necesario para garantizar el éxito a largo plazo, como acceso a crédito y asistencia técnica”, señala el Secretario General.
Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo estableció mecanismos para implementar los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET). “También reactivó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, mecanismo clave de coordinación interinstitucional. Además, estableció un mecanismo de diálogo con organizaciones campesinas”, señala el informe.
Reincorporación social y política
En materia de reincorporación, el Secretario General celebró el acuerdo alcanzado en el Consejo Nacional de Reincorporación sobre una estrategia de sostenibilidad y el compromiso del Gobierno de respaldarla con importantes recursos.
El informe señala que, a pesar de los esfuerzos, la persistencia de la violencia sigue poniendo en peligro el proceso de reincorporación, y destaca las gestiones del Gobierno para agilizar el acceso y compra de tierras para excombatientes, especialmente para proyectos productivos.
En el marco de la reincorporación política, el informe subraya que se espera que unos 500 excombatientes se presenten, bien a través del partido o a través de coaliciones y otros partidos. Ante los ataques y amenazas contra excombatientes que buscan participar en las próximas elecciones regionales, el informe señala que se han solicitado mayores esfuerzos institucionales para garantizar su participación. Además, señala la necesidad de realizar esfuerzos específicos para proteger y promover la participación política de las mujeres excombatientes.
Garantías de seguridad
El documento señala que la persistencia de la violencia de grupos armados ilegales y organizaciones criminales “sigue perturbando la vida de los civiles y socavando la construcción de la paz en varias regiones”. Ante esta situación, destaca la importancia de las iniciativas de paz y de que aumenten los esfuerzos del Estado para proteger a las comunidades vulnerables, especialmente en las zonas rurales.
Entre enero y mayo de 2023, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios registró 19.976 desplazados forzados y 18.789 confinados en 14 departamentos y 38 municipios. Los indígenas y los afrocolombianos siguen viéndose desproporcionadamente afectados. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró 22 masacres (siete verificadas, doce en proceso de verificación y tres no concluyentes). Los casos verificados involucraron un total de 24 víctimas (cuatro mujeres y cinco niños).
Además, durante el período del informe, doce excombatientes (todos hombres) fueron asesinados en ocho departamentos. En cuanto a líderes sociales, el documento destaca que, a cuatro meses de las elecciones regionales, la Misión registró el asesinato de seis miembros, incluida una mujer.
Por su parte, el Secretario General elogió “la determinación del Gobierno de buscar soluciones para responder a estas dinámicas de conflicto en constante evolución, especialmente su énfasis en el diálogo”.
“Confío en que las partes continuarán mostrando determinación y buena fe en la implementación de los acuerdos alcanzados en Cuba y que los próximos ciclos conducirán a nuevos acuerdos en beneficio de todos los colombianos y las colombianas”, añadió.
Capítulo étnico
En relación con el capítulo étnico, Guterres señaló como alentador el trabajo del Gobierno para priorizar las necesidades de los pueblos indígenas y afrocolombianos, el fortalecimiento de la participación, la reparación colectiva, la restitución de tierras y el retorno de los pueblos étnicos a sus territorios.
El Secretario General insta al Gobierno a redoblar esfuerzos para abordar la exclusión y la desigualdad históricas y señala que la violencia continúa afectando a comunidades indígenas y afrocolombianas.