Irán debe poner fin a la represión de manifestantes
Una misión independiente señala que las autoridades deben respetar y proteger los derechos humanos en el país, especialmente de las mujeres y niñas. La situación puede deteriorarse aún más si no se da respuesta a las presuntas violaciones de derechos fundamentales y si se aprueba una propuesta de ley para imponer castigos más severos.
La Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán declaró este miércoles que las autoridades deben poner fin a la represión continuada contra manifestantes pacíficos y detener la oleada de ejecuciones, detenciones masivas y encarcelamientos. Asimismo, deben respetar y proteger los derechos de todas las personas en Irán, especialmente de las mujeres y las niñas.
En su primera actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos, la Misión de Investigación afirmó que la situación general en el país corre el riesgo de deteriorarse aún más si no se da respuesta a las preocupaciones planteadas sobre presuntas violaciones de los derechos fundamentales.
También advierten del deterioro que se produciría si se aprueba la nueva legislación, que propone castigos más severos para las mujeres y niñas que incumplan las disposiciones relativas al uso forzoso del velo.
Manifestaciones desde septiembre
La muerte bajo custodia de Jina Mahsa en septiembre, tras ser arrestada y detenida por la policía de la moralidad por presunto incumplimiento de la ley iraní sobre el uso obligatorio del velo, desencadenó manifestaciones en todo el país.
"Diez meses después, el derecho de la familia de Jina Mahsa a la verdad y la justicia sigue sin cumplirse y nos preocupa que las investigaciones nacionales no hayan estado a la altura de las normas internacionales, incluidos los requisitos de celeridad, independencia y transparencia", declaró la presidenta de la Misión de Investigación, Sara Hossai.
El gobierno de Irán anunció que 22.000 personas han sido indultadas en relación con las protestas. La Misión señala que, al parecer, se obligó a estas personas a ´expresar remordimiento´ y, por tanto, a admitir efectivamente su culpabilidad, al tiempo que se comprometían a no cometer ´delitos similares´ en el futuro, en violación de sus derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de asociación”.
Faltan datos
Los miembros de La Misión advierten que, diez meses después de los hechos, no se dispone públicamente de datos oficiales sobre las personas arrestadas, detenidas, acusadas o condenadas en relación con las protestas. Pero siguen apareciendo informes de detenciones y encarcelamientos de manifestantes, incluidas mujeres y niñas que se niegan a cumplir la ley de uso del velo, y de hostigamiento a sus familiares.
"Nos preocupa la continua detención de defensores de los derechos humanos y abogados que defienden a los manifestantes y de al menos 17 periodistas, entre ellos Nilufar Hamedi y Elahe Mohammadi, que informaron por primera vez de la muerte bajo custodia de Jina Mahsa", declaró Viviana Krsticevic, miembro de la Misión.
Según los informes recibidos, al menos 26 personas han sido condenadas a muerte en relación con las protestas desde noviembre de 2022, mientras que decenas más han sido acusadas o se enfrentan a delitos castigados con la pena capital. Al menos siete hombres han sido ejecutados tras procedimientos precipitados, en medio de graves denuncias de violaciones de derechos, incluidas confesiones obtenidas bajo tortura.
La Misión también señala que las sentencias se están imponiendo tras procedimientos judiciales que carecen de transparencia y no cumplen las garantías básicas de un juicio justo y un proceso con las debidas garantías, establecidas en el derecho internacional.
Nueva legislación
Desde las protestas se han presentado dos proyectos de ley que están pendientes de examen, incluso ante el Majles, o Parlamento iraní. Si se aprueban, impondrán castigos más severos a las mujeres y niñas que incumplan las disposiciones sobre el uso forzado del velo y las expondrán a mayores riesgos de violencia, acoso y detención arbitraria.
Según informes, mujeres y niñas estudiantes han sido suspendidas de sus estudios o se les ha prohibido el acceso a las residencias universitarias por su desacato a la ley del velo obligatorio, mientras que se han impuesto multas o se han cerrado negocios por no cumplirla. También crece la preocupación por los informes sobre el uso de tecnologías de reconocimiento facial para identificar y detener a mujeres y niñas que no se someten a la obligación del velo y para identificar a manifestantes.
Solicitudes para visitar el país
La Misión de Investigación ha enviado siete cartas al gobierno de Irán, incluidas reiteradas solicitudes de visita al país para recabar información fundamental para sus investigaciones. Hasta la fecha no ha recibido respuesta. Asimismo, se reunió este martes con el presidente iraní del recientemente nombrado "Comité Especial para investigar los disturbios de 2022".
"El pueblo de Irán, incluidas las mujeres y las niñas, tiene derechos fundamentales a la igualdad, la verdad, la justicia, la rendición de cuentas y la reparación que deben ser respetados. Pedimos al gobierno de Irán que coopere plenamente con nuestro mandato y garantice que todos los afectados tengan acceso sin trabas y en condiciones de seguridad para aportar pruebas", declaró Hossain.