Los Estados hacen un uso indebido de las prácticas antiterroristas para silenciar a la sociedad civil, advierte experta
La relatora especial de la ONU sobre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos publica un estudio en el que constata el uso indebido de la lucha antiterrorista contra la sociedad civil por parte de algunos Estados, insta a las autoridades y a las Naciones Unidas a tomar medidas, y pide reconocer a aquellos que aportaron pruebas para el informe.
Una experta de la ONU* presentó este miércoles el Estudio Global sobre el Impacto de las Medidas Antiterroristas en la Sociedad Civil y el Espacio Cívico, un documento que señala que las prácticas antiterroristas y las medidas para combatir el extremismo violento en todas las regiones del mundo están directamente relacionadas con las violaciones de derechos humanos a la sociedad civil.
"La sociedad civil de todo el mundo está sufriendo a causa de leyes vagas e imprecisas, y se ve expuesta al acoso físico, digital y judicial, y a medidas administrativas como sanciones y disoluciones, represalias e intimidación", dijo Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial de la ONU sobre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos.
Publicado al margen de la Tercera Conferencia de Alto Nivel de Jefes de Organismos de los Estados Miembros dedicados a la lucha contra el terrorismo, el estudio reúne abundante información de los Procedimientos Especiales de la ONU**, del Comité de Derechos Humanos y de otros mecanismos de los órganos de tratados sobre este tipo de violaciones durante los últimos 20 años. Según la experta, se basa en estos datos, recopilados a través de un proceso dirigido en el que participa la sociedad civil.
El estudio de Ni Aolain señala "un uso indebido y un abuso incesante de la lucha antiterrorista, así como una minoría de casos de buenas prácticas que incorporan los derechos fundamentales y colaboran de forma significativa con la sociedad civil".
Poner fin al statu quo
En este contexto, el estudio insta a una acción consolidada por parte de los Estados, la ONU, el sector privado y otras partes interesadas para hacer frente a esta situación:
"La ONU y los Estados miembros tienen un interés colectivo en mantener la integridad de la Carta de las Naciones Unidas, y este informe proporciona tanto la base empírica para poner fin al statu quo, como recomendaciones concretas para remediar los déficits de derechos humanos evidenciados a nivel mundial en los enfoques de la lucha contra el terrorismo", declaró la relatora especial.
Por otra parte, Ni Aolain enfatizó que "las personas que se arriesgaron para aportar pruebas al Estudio y que se arriesgan cada día por la dignidad y la humanidad de los demás merecen reconocimiento, apoyo, protección, defensa y atención".
"Es obligación particular de la ONU ser sólida como una roca en su apoyo y defensa de la sociedad civil. No merecen menos de nosotros", finalizó.
*La experta: Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial sobre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos.
**Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.