Continúan los atropellos de derechos humanos en Nicaragua
Los pueblos indígenas, la iglesia, los periodistas y los opositores políticos son algunos de los colectivos que sufren hostigamiento y privación arbitraria de la libertad entre otros abusos por parte de las autoridades. La ONU pide al gobierno nicaragüense poner fin y revertir las medidas que erosionan el estado de derecho, el espacio cívico y las garantías fundamentales.
En Nicaragua “persiste el silenciamiento de las voces críticas en un contexto de miedo y hostigamiento generalizados por parte de las autoridades, que prácticamente no deja espacio para ningún debate público abierto e inclusivo”, dijo este miércoles la Alta Comisionada adjunta de la ONU para los Derechos Humanos.
En una actualización oral al Consejo de Derechos Humanos, Nada Al-Nashif informó que del 3 de marzo pasado a la fecha, su Oficina ha documentado casos de graves violaciones de las garantías fundamentales cometidas por funcionariado del Estado en el contexto de “un deterioro constante de la situación general de los derechos humanos”.
Agregó que las restricciones del espacio cívico, junto con el desmantelamiento progresivo del estado de derecho, siguen impidiendo el ejercicio y goce pleno de los derechos humanos, en particular de quienes tienen opiniones disidentes.
Detenciones arbitrarias
Al-Nashif detalló que en abril y mayo se produjeron nuevas privaciones arbitrarias de libertad de defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas, miembros del movimiento campesino y personas vinculadas a la Iglesia Católica.
Sólo el 3 de mayo fueron detenidas arbitrariamente 63 personas en todo el país y 55 de ellas fueron acusadas de conspiración “para atentar contra la integridad nacional” y “difusión de noticias falsas”.
“Estos delitos son utilizados habitualmente por las autoridades para criminalizar a la oposición política y la labor legítima de las personas defensoras de los derechos humanos, utilizando para ello el sistema judicial”, especificó la subtitular de la Alta Comisaría.
Persecución de la Iglesia Católica
Al-Nashif refirió también en los últimos tres meses se ha cancelado la personalidad jurídica a un total de 119 ONG y ocho universidades, y se ha intensificado la persecución de los miembros de la Iglesia Católica.
La Iglesia reportó que seis de sus miembros fueron expulsados del país y otros cuatro detenidos sólo este año. Las cuentas bancarias de al menos tres diócesis fueron congeladas y durante las celebraciones de Semana Santa, la policía habría acosado e intimidado a sacerdotes y participantes en procesiones.
Revertir las medidas que erosionan el estado de derecho
Ante la precariedad de los derechos humanos en el país, la Alta Comisionada adjunta llamó al gobierno nicaragüense a poner fin y revertir todas las medidas en vigor, que erosionan el estado de derecho, el espacio cívico y los derechos humanos.
Asimismo, instó a liberar inmediata e incondicionalmente a todas las personas privadas arbitrariamente de libertad y a restablecer los derechos de las personas privadas de nacionalidad; a cesar la persecución contra la Iglesia Católica y los actores de la sociedad civil; y a restaurar la personalidad jurídica de todas las asociaciones, medios de comunicación y universidades canceladas arbitrariamente desde 2018.
También conminó a las autoridades a garantizar la rendición de cuentas por las violaciones presentes y pasadas con el fin de preservar el camino hacia un diálogo nacional, inclusivo y participativo, basando cualquier proceso político en los derechos humanos.
Finalmente, Al-Nashif reiteró su llamamiento a las autoridades nicaragüenses para que restablezcan un diálogo significativo con la Oficina y con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas; y para que cumplan sus obligaciones internacionales en esta materia.