Las autoridades nicaragüenses usan el sistema judicial para acallar la disidencia
En una sola noche del mes de mayo, 55 personas fueron acusadas de conspiración para socavar la integridad nacional, cargo que supuestamente el Gobierno usa para silenciar a sus críticos, informa la oficina de derechos humanos de la ONU, que también solicita la suspensión del estado de excepción en El Salvador
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos mostró este viernes su preocupación por la situación de deterioro en Nicaragua, donde las autoridades continúan silenciando cualquier voz crítica o disidente en el país utilizando para ello el sistema judicial.
La portavoz de la Oficina, Marta Hurtado, explicó en rueda de prensa en Ginebra que sólo durante el mes mayo se recibieron informaciones de detenciones arbitrarias de 63 personas.
En una sola noche, 55 de ellas fueron acusadas de "conspiración para socavar la integridad nacional" y "difusión de noticias falsas", unos cargos que supuestamente el Gobierno utiliza para silenciar a sus críticos
Durante sus audiencias bajo custodia, ninguno de los 55 acusados pudo elegir a su abogado y, en su lugar, fueron representados por un defensor público que les fue impuesto.
Entre los detenidos había defensores de los derechos humanos, opositores políticos, periodistas, trabajadores rurales y personas vinculadas a la Iglesia católica.
Cargos contra la iglesia católica por “terrorismo”
“Esta semana, tres monjas extranjeras fueron expulsadas de Nicaragua; y a otras tres monjas se les impidió salir de su convento. Entre el 21 y el 23 de mayo, cuatro sacerdotes y cuatro empleados de la iglesia fueron arrestados y detenidos”, especificó.
Asimismo, recordó que el obispo Rolando Álvarez, que cumple una condena de 26 años por "atentar contra la integridad nacional" y "difundir noticias falsas", se encuentra actualmente en "La Modelo", una cárcel de Tipitapa, cerca de Managua, y no se le permite recibir visitas desde el 25 de marzo.
Hurtado añadió haber recibido informaciones de que la celda del obispo carece de las condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas y de luz natural, y que tampoco se le permite salir al aire libre, unas condiciones que violan las normas internacionales de derechos humanos.
Además, se congelaron las cuentas bancarias de al menos tres de las nueve diócesis de la Iglesia católica nicaragüense por presunto blanqueo de dinero. El Gobierno acusa a la Iglesia de actuar como una organización criminal que apoya lo que califica de "terrorismo" y desestabilización del país.
Suspensiones de trabajo y retirada de nacionalidad
Entre el 9 y el 11 de mayo, el Tribunal Supremo dictaminó que 26 abogados y notarios críticos con el gobierno, entre ellos algunos de los defensores de los derechos humanos más destacados del país, ya no podían ejercer la abogacía en el país. A otros 25 se les quitó la nacionalidad en febrero, junto a otras 292 personas. Las autoridades han confiscado algunos de sus bienes y propiedades.
Desde finales de junio de 2022 se canceló la personalidad jurídica de más de 3200 organizaciones, y algunos medios de comunicación también se vieron obligados a cerrar.
“Hacemos un llamado a las autoridades para que detengan la represión de la disidencia y liberen de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente. La Oficina de Derechos Humanos está lista y disponible para ayudar a Nicaragua a promover los derechos humanos en el país”, solicitó.
La vocera instó al Gobierno a abordar la crisis actual mediante el diálogo, la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos y reformas institucionales y legislativas para restaurar el Estado de derecho.
“Permitir el acceso a nuestro personal sería un paso importante hacia una mejor cooperación con el sistema de la ONU”, finalizó.
El Salvador debe levantar el estado de excepción
A continuación, Hurtado expresó su inquietud por las reiteradas prórrogas del estado de excepción en El Salvador, que entró en vigor el marzo del año pasado, especialmente por las consecuencias en los derechos humanos de la población. La vocera pidió a las autoridades su suspensión.
La portavoz reconoció el complejo reto al que se enfrenta El Salvador para combatir la delincuencia, así como el grave sufrimiento provocado por las bandas del país. Sin embargo, consideró que “debilitar el Estado de derecho y la integridad del sistema legal derogando el derecho a un juicio justo no es la respuesta”.
Desde que entró en vigor el estado de excepción, al menos 68.000 personas han sido encarceladas en la nación centroamericana. De ellas, al menos 1600 son menores de 18 años.
En referencia a un reciente informe de una destacada ONG (Cristosal), Hurtado explicó que al menos 153 reclusos fallecieron en prisión desde que se implantó el estado de excepción, casi la mitad de ellos de forma violenta.
Añadió que las organizaciones de la sociedad civil documentaron 182 incidentes en los que defensores de los derechos humanos y periodistas fueron objeto de ataques. El 14 de abril de este año, El Faro, un medio de comunicación online, anunció que trasladaba a su personal de El Salvador a Costa Rica, alegando las campañas de intimidación y difamación a las que se enfrentaban por su trabajo.
Finalmente, pidió a las autoridades que levantar el estado de excepción, revisar las medidas adoptadas, investigar de inmediato todas las muertes bajo custodia conforme a las normas internacionales, que hagan rendir cuentas a los responsables y que garanticen justicia y reparación a los familiares de las víctimas.