Brasil debe poner fin al uso de la fuerza excesiva y Colombia redoblar esfuerzos para erradicar la violencia
Un comité de expertos expresa preocupación por el uso persistente de la fuerza excesiva en Brasil contra afrodescendientes. Asimismo, insta a Colombia a desmantelar las organizaciones armadas ilegales y garantizar la protección de los defensores de los derechos humanos.
El Comité contra la Tortura presentó este viernes sus conclusiones sobre los esfuerzos de cinco países, entre ellos Brasil y Colombia, en cuanto a la aplicación de las disposiciones de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El relator del Comité, Erdogan Iscan, explicó que el grupo aprobó sus observaciones finales en virtud del artículo 19 de la Convención y las presentó en un informe que cubre el período entre el 14 de mayo de 2022 y el 12 de mayo de 2023.
Uso de la fuerza excesiva en Brasil
El presidente del Comité, Claude Heller, declaró haber tomado nota de la voluntad política de las autoridades de Brasil para abordar las cuestiones de derechos fundamentales y encomió la creación del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía.
Sin embargo, expresó profunda preocupación por el uso persistente de fuerza excesiva, especialmente de fuerza letal, por parte de agentes del orden y militares en el contexto de operaciones de seguridad para combatir la delincuencia organizada. En concreto, se refirió a las graves violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual y palizas, perpetradas predominantemente contra afrobrasileños durante redadas en favelas.
El grupo de expertos pidió al Estado que adopte medidas urgentes para poner fin al uso excesivo de la fuerza y la fuerza letal, por parte de los agentes del orden y los militares e instó a tomar distintas medidas:
- desmilitarizar las actividades de las fuerzas del orden
- reforzar los mecanismos de supervisión independientes con respecto a todas las entidades encargadas de hacer cumplir la ley
- garantizar que todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza se investiguen con prontitud e imparcialidad; que los presuntos autores sean procesados y castigados de manera proporcional a la gravedad de sus actos en caso de ser declarados culpables, y que las víctimas o sus familias reciban plena reparación
En cuanto a los informes sobre el hacinamiento en las cárceles, el Comité solicitó a las autoridades brasileras que lo elimine en todos los centros de detención, resuelva cualquier deficiencia relacionada con las condiciones generales de vida en prisión y garantice la continuidad del tratamiento médico en prisión.
Asimismo, instó al Estado brasileño a revisar a fondo las leyes y prácticas existentes para abordar las causas profundas de las tasas desproporcionadas de encarcelamiento de afrobrasileños, como el exceso de vigilancia, la elaboración de perfiles raciales y la discriminación racial sistémica en las fuerzas del orden y otros organismos judiciales.
Protección de los defensores de los derechos humanos en Colombia
Con respecto a Colombia, Heller dijo que, si bien acoge con satisfacción el compromiso del país de aplicar plenamente el Acuerdo de Paz de 2016, es preocupante la violencia cometida por actores armados no estatales y organizaciones criminales en diversas zonas.
En este sentido, el Comité llamó a las autoridades colombianas a redoblar los esfuerzos para erradicar dicha violencia y adoptar un plan de acción para desmantelar las organizaciones armadas ilegales que esté en consonancia con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.
El Comité también expresó preocupación por las denuncias de actos de tortura, tanto física como psicológica, y de malos tratos a manifestantes pacíficos, defensores de derechos humanos y periodistas, además de otras graves violaciones presuntamente cometidas por agentes de policía y miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios en las protestas pacíficas de 2021, e instó a Colombia a proceder con prontitud e investigar y enjuiciar esos casos.
Asimismo, exhortó a las autoridades a proteger a todos los defensores de los derechos fundamentales, líderes sociales y comunicadores de represalias o ataques en el curso de sus actividades, investigar todos los asesinatos y ataques en su contra, y reforzar los mecanismos de protección existentes. En este punto, reconoció los esfuerzos en curso para formular una política integral dirigida a prevenir los riesgos a los que se enfrentan estas personas.
También manifestó inquietud por el hacinamiento y las condiciones generales de vida en los lugares de privación de libertad, y pidió al Estado que adopte medidas urgentes al respecto.
Por último, alentó a las autoridades colombianas a completar el proceso de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y a establecer un órgano nacional independiente de vigilancia para prevenirla.