Sobrescribir enlaces de ayuda a la navegación
Aumenta la violencia extrema y el control de las bandas en Haití
Al menos 600 personas fueron asesinadas en abril, en un contexto de violencia extrema cada vez mayor en el que intervienen bandas criminales y vigilantes parapoliciales que se toman la justicia por su mano. Ante la falta de capacidad de respuesta del Estado, ONU Derechos Humanos hace un llamamiento a la comunidad internacional para que desplieguen una fuerza de apoyo en el país.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió este martes que la población en Haití se enfrenta a un "ciclo interminable de violencia", mientras las bandas siguen infligiendo una crueldad extrema y los vigilantes parapoliciales toman medidas al margen de la ley.
"Cada informe que recibo de Haití subraya la magnitud del sufrimiento y refuerza el mensaje de que los haitianos necesitan ayuda urgente, y la necesitan ya", declaró Volker Türk.
"Reitero mi llamamiento a la comunidad internacional para que despliegue una fuerza de apoyo especializada y respetuosa con los derechos humanos, con un plazo determinado y un plan de acción integral para ayudar a las instituciones haitianas", añadió.
Según el último informe sobre la situación en el país, al menos 846 personas fueron asesinadas en los tres primeros meses de 2023. A esta cifra hay que sumarle 393 heridos y 395 secuestrados, lo que supone un aumento de la violencia del 28% con respecto al trimestre anterior.
Además, el Servicio de Derechos Humanos de la Oficina Integrada de la ONU en Haití reportó que sólo en el mes de abril, más de 600 personas murieron en una nueva ola de violencia extrema que azotó varios distritos de la capital.
Estas cifras señalan un contexto de inseguridad cada vez mayor, en el que los asesinatos y linchamientos de presuntos miembros de bandas están aumentando, con al menos 164 de estos homicidios documentados en abril.
Falta de capacidad de respuesta del Estado
Ante esta situación, Volker Türk declaró que "es obligación del Estado proteger a sus ciudadanos. La gente debería poder confiar en la policía y en las autoridades judiciales para hacer frente a la violencia de las bandas. Pero la realidad es que el Estado no tiene capacidad de respuesta. Por tanto, la gente se toma la justicia por su mano, pero esto sólo alimentará la espiral de violencia".
El informe destaca también la aparición de grupos de vigilancia parapolicial, tras los llamamientos de algunas figuras políticas y periodistas para que los ciudadanos formen organizaciones de autodefensa para luchar contra la violencia de las bandas.
En este contexto, la violencia no sólo es cada vez más extrema y frecuente, sino que se extiende a medida que las bandas intentan ampliar su control. Zonas de la capital antes consideradas seguras, especialmente Kenscoff y Pétion Ville, así como el departamento de Artibonite, se ven ahora afectadas.
Entre otros modus operandi utilizados por las bandas, el informe identifica incidentes de francotiradores que disparan indiscriminadamente a la gente en la calle o disparan contra las casas, y de personas quemadas vivas en el transporte público.
Pobreza extrema
"No debemos olvidar que la pobreza extrema y la falta de servicios básicos están en el origen de la violencia actual y del poder de las bandas sobre las comunidades. El Gobierno, con el apoyo de la comunidad internacional, debe hacer todo lo posible para cumplir con su obligación de proporcionar a la población acceso regular y sin trabas a agua potable, alimentos, salud y refugio", añadió Türk.
"La situación actual de emergencia en materia de derechos humanos exige una respuesta contundente y urgente", sentenció.
Con el objetivo de frenar la violencia de las bandas, el informe recoge una serie de recomendaciones al Gobierno:
- combatir el contrabando y el flujo incontrolado de armas y municiones ilícitas
- apoyar el sistema judicial, en particular grupos de trabajo judiciales especializados para luchar contra la corrupción y los delitos masivos, incluidos los que implican violencia sexual
- restablecer los servicios y proyectos sociales, especialmente en las zonas bajo control de las bandas