Ante el azote de las desapariciones forzadas, México debe buscar la verdad, asegura un comité de la ONU
El órgano hace esa declaración a raíz de un caso en el que afirma que el país no cumplió su obligación de investigar la desaparición de un menor de edad por hombres vestidos de policías, e insta al Estado a acabar con la impunidad.
Un día de diciembre de 2013, cuando Yonathan Mendoza Berrospe tenía 17 años y se encontraba en la casa donde vivía con su familia en la ciudad de Veracruz, en la costa del Golfo de México, un grupo de seis hombres entró violentamente en su domicilio y lo golpeó y esposó antes de subirlo a una camioneta negra.
Los hombres portaban armas de fuego largas y cortas, pasamontañas, botas de policía y chalecos antibalas con la palabra "policía" en la parte delantera y trasera. Fuera de la casa, otra docena de hombres esperaba, en lo que parecía ser una operación de seguridad.
Los testigos declararon que los agresores llegaron y se fueron en varios vehículos; algunos de los cuales pertenecían a la Policía Naval, dependiente de la Secretaría de Marina, y otros a la Policía Estatal de Veracruz.
El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas afirmó este jueves que el Estado mexicano incumplió su obligación de llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva e imparcial de este abuso pese a haber recibido oportunamente la denuncia de su familia.
En su primera decisión sobre una denuncia individual contra México, el ente especializado argumentó que el Estado tenía pruebas suficientes de la participación de algunos de sus agentes, por lo que tenía la obligación de probar, mediante una investigación rápida que la desaparición no sucedió con su autorización o aquiescencia.
A falta de dicha investigación, el Comité concluyó que la víctima había sido objeto de una desaparición forzada.
Uno de los integrantes del Comité destacó la importancia de esta decisión, explicando que establece y concreta por primera vez los estándares para la búsqueda diligente de las personas víctimas de desaparición forzada y para llevar a cabo investigaciones efectivas que permitan hacer comparecer a los responsables ante la justicia.
El flagelo de la desaparición azota a México
“Deseamos que las pautas fijadas en este caso proporcionen a México las herramientas necesarias para luchar contra el flagelo de la desaparición forzada, que azota el país, y para poner fin a una situación de casi absoluta impunidad, de la que este caso es sólo una muestra”, dijo Juan José López Ortega.
En su dictamen, el Comité recalcó que la investigación de este tipo de denuncias debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. “No puede depender de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que el Estado busque efectivamente la verdad”, abundó.
Denuncia oportuna
Luego de que los hombres armados se llevaran a Yonathan, su familia acudió al centro de detención de la Policía Naval en Playa Linda para buscarlo. Ahí vieron algunos de los vehículos que presuntamente habían participado en su desaparición.
La familia presentó una denuncia ante las autoridades fiscales del estado e interpuso un amparo ante un juzgado de distrito de Veracruz, impugnando la detención secreta e ilegal del menor de edad.
Sin embargo, el amparo fue archivado en junio de 2015 por no haber recibido información por parte de las fuerzas de seguridad ni de las autoridades fiscales locales, estatales y federales sobre la desaparición de Mendoza Berrospe.
Ninguna de las investigaciones (estatal y federal) llevó al paradero del adolescente, ni hubo juicio alguno, por lo que la madre de Yonathan presentó el caso ante el Comité en julio de 2021, poco después de que México reconociera su competencia para examinar comunicaciones individuales sobre hechos bajo su jurisdicción.
Pesquisas tardías
El Comité encontró que la mayoría de las acciones de investigación mencionadas por el Estado se llevaron a cabo después del 2019, y que la mayoría de las acciones de búsqueda mencionadas por el Estado parte se llevaron a cabo después de 2021, es decir, seis y ocho años después de la desaparición, respectivamente.
Estos hallazgos llevaron al Comité a declarar que las autoridades del Estado no procedieron con diligencia para iniciar una investigación, ni tomaron todas las medidas necesarias para buscar a la víctima, como lo exige la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
El Comité también señaló que México violó el derecho a la verdad y la reparación de las víctimas, toda vez que aún se desconoce la suerte y paradero del joven.
En este contexto, el Comité instó a México a garantizar una búsqueda exhaustiva de Yonathan Mendoza Berrospe, y una investigación imparcial y rigurosa de su desaparición para enjuiciar a los responsables y reparar adecuadamente a su familia.
El Comité lamentó que el caso de Yonathan esté marcado por la impunidad, como muchos otros en México.
No obstante, confió en que, tras la decisión emitida hoy, todas las autoridades del Estado cumplan los compromisos asumidos por México al ratificar la Convención y otorguen justicia a las víctimas, esclareciendo el destino de Yonathan Mendoza Berrospe y sancionando a los autores de su desaparición.