Comité de la ONU recomienda a Argentina acelerar los procesos judiciales en los casos de desapariciones forzadas

El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas planteó con preocupación la lentitud de los tribunales argentinos que procesan judicialmente casos de desaparición forzada ocurridos durante la dictadura militar de 1976 a 1983 y pidió al Estado agilizarlos a fin de que se haga justicia a las víctimas.

El Comité emitió este martes sus hallazgos y recomendaciones sobre la implementación en Argentina de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, que reconocen los esfuerzos del país por remover los obstáculos jurídicos en el combate a la impunidad de esos abusos, incluidos los cometidos por actores no estatales.

Asimismo, encomian la adopción del Plan Estratégico para el Avance de los Juicios de Lesa Humanidad lanzado en diciembre del 2020, que establece medidas dirigidas a acelerar los juicios, fortalecer las investigaciones y brindar acompañamiento a las víctimas.

Sin embargo, destacó “el rezago y retraso de los procesos judiciales, en particular en la etapa recursiva, entre otras razones por la falta de nombramiento de jueces federales, que pueden conducir a la impunidad a causa del fallecimiento de los perpetradores del delito, y también frustrar las demandas de justicia de las víctimas que mueren por avanzada edad”.

En este sentido, recomendó a Argentina garantizar una resolución rápida de esos procesos, “incluso por medio de la creación de nuevas judicaturas federales y la asignación de los recursos necesarios para que los juzgados y tribunales puedan cumplir con sus funciones sin demora”.

Eliminar beneficios procesales puede equivaler a impunidad

El Comité recalcó su inquietud por la falta de información sobre el plan del Estado para eliminar beneficios procesales, como el arresto domiciliario y la reducción de penas para personas acusadas o condenadas por delitos de lesa humanidad -incluida la desaparición forzada-, advirtiendo que estos beneficios podrían equivaler a la impunidad. En este punto pidió abolir la concesión de arreglos procesales injustificados y preferencias penitenciarias especiales a los autores de desapariciones forzadas.

El Comité tomó nota del trabajo del Estado argentino en la investigación y búsqueda en casos de desapariciones forzadas tanto en la dictadura como en la democracia, pero agregó que ha recibido denuncias de falta de coordinación entre las autoridades en los ámbitos federal y provincial, así como la carencia de mecanismos que aseguren la participación de los allegados a las personas desaparecidas en todas las etapas del proceso.

A este respecto instó a Argentina a redoblar esfuerzos para promover la coordinación entre las instituciones que llevan a cabo la búsqueda, localización, recuperación e identificación de restos mortales de personas desaparecidas a fin de que puedan realizar sus funciones de manera eficaz y rápida, garantizando la participación de los familiares de los desaparecidos.

Falta de registro centralizado

Por otra parte, el Comité se refirió a los casos de desaparición ocurridos durante la democracia, lamentando que no exista un registro oficial centralizado de las personas víctimas de ese delito ni tampoco una base de datos genéticos de las familias que buscan a sus seres queridos. Subrayó también la falta de una base de datos con información de los cuerpos recuperados sin identificar y la ausencia de una política pública para su resguardo e identificación, y recomendó la creación de un registro oficial único y centralizado de personas desaparecidas en democracia.

Otra recomendación del Comité a Argentina es asegurar que el marco normativo e institucional garantice el acceso de todas las víctimas de desaparición forzada a un sistema amplio de reparación e indemnización en todo el país, independientemente del periodo en que haya ocurrido el atropello, además de continuar con las acciones de reparación simbólica y memoria tanto “por los hechos del pasado como por los actos graves de violencia institucional”.

Sobre el Comité

El Comité contra la Desaparición Forzada, (CED por sus siglas en inglés), es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por sus Estados Parte.

El Comité y su Secretaría se esfuerzan diariamente para apoyar a las víctimas, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones nacionales de derechos humanos y los Estados en la búsqueda y localización de las personas desaparecidas, así como para erradicar, castigar y prevenir este delito, y reparar los daños infligidos a las víctimas.