Experto de la ONU pide que se niegue la legitimidad de la Junta Militar de Myanmar
La comunidad internacional debe rechazar sin demora la legitimidad de la junta militar de Myanmar, declaró un especialista de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, que presentó un informe crítico con las autoridades de ese país cuando se cumple el tercer año de la toma del poder por parte de los militares.
El Consejo de Administración del Estado, la junta militar que gobierna actualmente Myanmar, (CAE) es ilegal e ilegítimo, declaró este martes el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, Thomas Andrews.
Durante una rueda de prensa en la sede de la ONU en Nueva York, copatrocinada por el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, Andrews llamó a la comunidad internacional a negar la legitimidad del Consejo de Administración del Estado, crear una coalición de Estados miembros que aplique sanciones enérgicas y coordinadas, y apoyar al Gobierno de Unidad Nacional, que tiene una mayor legitimidad.
"Hace dos años, los militares derrocaron a un gobierno elegido democráticamente en un golpe inconstitucional", explicó durante la presentación de su nuevo informe: Ilegal e ilegítimo: Examinando la afirmación de los militares de Myanmar como gobierno de Myanmar y la respuesta internacional.
"La implacable violencia que desató sobre el pueblo de Myanmar ha creado una crisis generalizada de derechos humanos, humanitaria y económica y haimpulsado la oposición en todo el país".
Sanciones y ayuda sumamente necesarias
"La conclusión es clara", afimó Andrews. “El golpe militar del (CAE) fue ilegal y su reivindicación como (actual) Gobierno de Myanmar es ilegítima”. De hecho, es imperativa una nueva respuesta internacional coordinada a la crisis antes de las “elecciones farsa” que se están planeando, continuó.
El relator instó a todos los Estados miembros, en particular a los que ya han impuesto costes a la junta, "a iniciar un enfoque estratégico para reforzar, coordinar y aplicar sanciones económicas y un embargo de armas a la CAE y proporcionar más ayuda humanitaria a los millones de personas que la necesitan desesperadamente".
Durante el evento, el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral presentó su último documento que incluye puntos clave para celebrar unas auténticas elecciones democráticas en el nuevo contexto constitucional emergente, incluyendo el marco legal electoral, el registro de votantes y la resolución de disputas electorales.
La ‘devastadora’ situación sobre el terreno
En una entrevista con Noticias ONU, la enviada especial del Secretario General para Myanmar, Noeleen Heyzer, expuso la situación actual sobre el terreno. Citando informes recientes, afirmó que 17,5 millones de personas precisan ayuda humanitaria en 2023, frente al millón que la necesitaban antes de la toma de poder.
"El impacto tanto en el país como en la población ha sido devastador", afirmó. “La gente sobre el terreno tiene muy claro que la crisis humanitaria se debe a una crisis política”.
Según el Banco Mundial el 40% de la población vive por debajo de la linea de pobreza, destacó Heyzer. Además 15,2 millones de personas sufren actualmente inseguridad alimentaria y más de 34.000 estructuras civiles han sido destruidas en los últimos dos años.
Una catástrofe humanitaria
“Es una catástrofe en términos de sufrimiento humano, y esto tiene implicaciones regionales e internacionales”, señaló la enviada especial.
Trás señalar que la reciente adopción de la resolución 2669 (2022) del Consejo de Seguridad marcó la primera vez que el órgano reconocía a Myanmar desde su independencia, dijo que también reflejaba una unidad y un apoyo internacionales sin precedente en torno a cuestiones extremadamente urgentes.
Llamada a la acción urgente
La Enviada Especial pidió una mayor unidad y compromiso de la comunidad internacional en tres áreas clave: ampliar la entrega de ayuda humanitaria, establecer una posición común ante una posible convocatoria de elecciones por parte de los militares y tomar medidas para aumentar la protección de los civiles en el país y de los refugiados en el resto de la región
"Es inconcebible que cualquier forma de transición pacífica y democrática pueda ser iniciada por quienes perpetran daños contra sus propios ciudadanos", afirmó. "La violencia tiene que cesar, incluidos los bombardeos aéreos y la quema de infraestructuras civiles, junto con las continuas detenciones de dirigentes políticos, actores de la sociedad civil y periodistas por parte del ejército".