El 34,5% de los mayores de 65 años en América Latina no tiene ningún tipo de ingresos

En América Latina y el Caribe, el deterioro de la cobertura de protección social en la vejez ha dejado hasta el momento a un 34,5% de las personas mayores de 65 años sin ningún tipo de ingresos ni pensiones, lo que agrava su vulnerabilidad, reveló un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La publicación recuerda que la seguridad social es un derecho humano presente en los instrumentos internacionales en la materia y llama a cumplir con las garantías básicas de ésta a lo largo de la vida, que incluyen la seguridad económica para las personas mayores. “Esto significa garantizar la seguridad económica durante el periodo de retiro de la fuerza de trabajo o cuando existen dificultades para contar con ingresos laborales”, subraya.

El análisis refiere que en la región, la precariedad de las personas mayores se agudizó con la pandemia de COVID-19, detallando que la proporción de las que carecen de ingresos laborales o pensiones aumentó de 31,9% en 2019 a 34,6% en 2020 y a 34,5% en 2021.

Los datos desagregados indican que un 46,8% de los mayores de 65 años recibe una pensión, un 5,1% recibe ingreso laboral y pensión, mientras que 13,6% reporta únicamente ingreso laboral. En total, sólo el 51,9% cuenta con una pensión.

Cobertura frente a riesgos a lo largo de la vida

La OIT destacó la importancia de los sistemas de protección social, entendidos como el conjunto de políticas y programas que aseguren una cobertura integral frente a los distintos riesgos sociales durante el ciclo de vida, según lo evidenció la pandemia, y afirma que “la protección social es fundamental para fomentar la inclusión y cohesión social, la reducción de la pobreza y las disparidades, especialmente en un contexto marcado por una crisis que ha afectado con mayor fuerza a los sectores más vulnerables”.

Recalcó asimismo que la protección social para las personas mayores debe incluir el acceso a la salud y a servicios de cuidados, e hizo énfasis en que éstos debe ser partes centrales de un sistema integral de protección social.

El estudio advierte que la falta de recursos como ahorros u otras fuentes privadas y la disminución de la capacidad para generar ingresos laborales en edades avanzadas, puede llevar a situaciones de pobreza en la vejez.

Sistemas contributivos y no contributivos

La agencia de la ONU explicó que los sistemas contributivos de pensiones permiten asegurar una continuidad en los ingresos, en la medida que se cumpla con los requisitos de edad y años de cotización requeridos para la obtención del beneficio lo que depende, entre otras cosas, de trayectorias laborales formales.

De los programas de pensiones no contributivos, señaló que son la respuesta para cerrar las brechas de seguridad económica en la vejez garantizando un piso de protección social en pensiones.

En este renglón citó el caso de las mujeres en la región, que tienen menores tasas de participación laboral, mayores tasas de desocupación, desigualdad de ingresos, baja densidad de cotización y la utilización de tablas de mortalidad por género que resultan en esquemas de capitalización individual de menores pensiones en comparación con las de los hombres. Por ello, abundó, es necesario establecer regímenes de pensiones no contributivas que aseguren un piso de protección social en la vejez.

En la región las pensiones no contributivas tienen larga data con una amplia variedad de programas, algunos de los cuales se mantienen desde hace varias décadas y otros han sido introducidos en los últimos años. “La pandemia ha presionado para ampliar la cobertura, mejorar las prestaciones, flexibilizar las condiciones de acceso a los beneficiarios, entre otras medidas de respuesta”, enfatiza el documento.

Con la emergencia de la pandemia, muchos países hicieron reformas a sus sistemas de pensiones con distinto énfasis según las condiciones de cada nación.

“La evidencia analizada muestra que la reforma a las pensiones ha ocupado un lugar preponderante y que, en muchos casos, se trata de iniciativas que complementan reformas previas o que persisten en el tiempo por no haber logrado los consensos necesarios en el pasado”, señaló.

Objetivos de los sistemas de protección social

Según la OIT, los sistemas de protección social deben tener tres objetivos: cobertura, suficiencia y sostenibilidad.

Las dificultades para alcanzar estos objetivos se han agudizado tras la pandemia dadas las incertidumbres sobre la capacidad de repunte económico, los espacios fiscales más reducidos, el aumento de las presiones inflacionarias y el alza de las tasas de interés, entre otros factores.

Las falencias estructurales tradicionales como el alto nivel de informalidad, las alteraciones en la organización de la producción y el trabajo, el envejecimiento de la población y el incremento en las tasas de dependencia, y la incidencia de desastres naturales, se suman a los obstáculos para sostener los sistemas de protección social.

Desafíos

La OIT enumeró diez desafíos para la consolidación de sistemas de protección social para la población mayor en América Latina y el Caribe:

• Recuperar el crecimiento económico
• Aumentar el empleo formal
• Aumentar y consolidar el espacio fiscal
• Consolidar regímenes contributivos que aseguren prestaciones suficientes y sostenibles
• Afianzar regímenes no contributivos financiados con recursos de rentas generales
• Establecer adecuados mecanismos de actualización del valor de las prestaciones en respuesta a la inflación de cada país
• Incorporar mecanismos de financiamiento solidarios para atender la situación especial de los regímenes semicontributivos
• Lograr la cobertura universal mediante la sumatoria de los regímenes contributivos, semicontributivos y no contributivos que considere las brechas de género y por rangos de ingresos, promoviendo el fortalecimiento de la gobernanza y coordinación del sistema como un todo
• Asegurar la protección de riesgos de la salud para la población mayor, con independencia de su situación de ingresos
• Contemplar los posibles efectos y requisitos institucionales para afrontar los efectos en los periodos de transición entre políticas