La Oficina del Alto Comisionado recuerda a las autoridades de Perú su obligación de respetar los derechos humanos
Tras el arresto en Lima del ex presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre se suscitó una serie de protestas con enfrentamientos violentos entre manifestantes y policías. Hasta el momento se han registrado dos muertos y decenas de heridos. Las movilizaciones continúan y la ONU llama al gobierno a no utilizar la fuerza y a escuchar los reclamos de la población.
Las manifestaciones de protesta que comenzaron en Perú luego del arresto del ex mandatario Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre se han tornado cada vez más violentas por lo que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó a todas las partes involucradas a actuar con moderación.
En un comunicado fechado este lunes, la portavoz de la Oficina, Marta Hurtado expresó preocupación ante la posibilidad de que haya un escalada aún mayor de la situación, visto el aumento de la violencia. Además de las movilizaciones, para esta semana se prevén huelgas.
Hurtado indicó que el domingo murieron dos personas -un niño de 15 años y un hombre de 18- en Apurímac, al sur del país, durante los enfrentamientos entre manifestantes y policías. El nuevo gobierno ha declarado el estado de emergencia en la región.
“Hacemos un llamado a las autoridades para que inicien investigaciones imparciales, transparentes y efectivas con miras a hacer que los responsables rindan cuentas”, apuntó.
Agregó que decenas de personas, incluidos al menos cuatro policías, resultaron heridas durante las protestas en todo el país.
Por su parte, los periodistas que cubrían las movilizaciones fueron atacados tanto por los manifestantes como por la policía, con un saldo de varios heridos.
Uso desproporcionado de la fuerza
También ha habido casos en los que la policía habría recurrido al uso innecesario y desproporcionado de la fuerza y a la utilización indiscriminada de gases lacrimógenos.
La Oficina de la ONU recalcó que las autoridades deben cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y permitir que las personas ejerzan sus derechos de reunión pacífica y libertad de opinión y expresión.
En este escenario, urgió a la policía a garantizar que la fuerza no será utilizada a menos que estrictamente necesario y, en tal caso, se debe hacer en pleno cumplimiento de los principios de legalidad, precaución y proporcionalidad.
Del mismo modo, las autoridades deben asegurar que los trabajadores de los medios puedan desempeñar su función esencial sin miedo ni intimidación.
Escuchar los reclamos
La Oficina subrayó la importancia de escuchar las preocupaciones y reclamos de las personas para así gestionar de forma efectiva la actual situación, ajustándose siempre a la obligación del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
La dependencia de la ONU afirmó estar lista para apoyar estos esfuerzos si así se le solicita.
Contexto
El presidente de Perú, Pedro Castillo, fue destituido y detenido el miércoles pasado en Lima luego de haber informado que cerraría el Parlamento e instauraría un gobierno de excepción basado en decretos para restablecer el estado de derecho y la democracia. Castillo fue acusado tramar un golpe de Estado para evitar un juicio político por cargos de corrupción.
Depuesto Castillo, quien fuera electo en julio del año pasado, su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el cargo, según lo dispone la Constitución del país. Boluarte, la primera mujer en la presidencia, es la sexta mandataria de Perú a partir de julio de 2016.
Boluarte tendría que haber terminado su mandato en 2026 -cuando vencía el periodo de Castillo en el poder-, pero en vista de las protestas en su contra ha anunciado que adelantará la elecciones a 2024.